El País. El debate de la ‘ley antidescargas’ que prepara el Gobierno sigue acumulando capítulos. El activismo internauta y la utilización de la revuelta digital como arma arrojadiza por parte del PP, obligaron ayer al PSOE a remachar la declaración de que no se cerrará ninguna página web sin orden judicial.
El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, aprovechó la inauguración de un tramo de autovía en Santiago para remarcar que «en ningún caso» se aplicará ninguna medida restrictiva en Internet sin que medie la autorización de un juez. «Ya ha dicho el presidente del Gobierno que en ningún caso se cerrará ninguna página web si no hay autorización judicial, por tanto está todo dicho».
Blanco intentaba aplacar el nuevo conato de incendio que despertó la ambigua declaración de De la Vega al término del Consejo de Ministros del viernes, en la que no dejó claro si el Gobierno iba a renunciar a crear una Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, con potestad para bloquear webs de enlaces que permiten la descarga de archivos protegidos como películas o canciones, tal y como señala la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. «En la ley hay una propuesta que no ha sido bien entendida o bien explicada», indicó el ministro.